LA DENUNCIA de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, y contra otros servidores públicos y exfuncionarios señalados por involucrarse con el Cártel de Sinaloa y el grupo de “Los Chapitos”, no es solo un pleito entre gobiernos. Es algo que se veía venir, el narco gobierno en esa entidad causo graves daños a su pueblo, a su economía, a su dignidad y sus derechos humanos, miles de muertos, miles de desplazados y desaparecidos; hay enorme indignación contra sus autoridades, esto es, una alarma nacional… 

POR SUPUESTO que en un Estado de derecho la presunción de inocencia existe (dice el Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo), pero una cosa es exigir pruebas y otra cerrarse a los hechos, de manera automática, y más aún cuando son de tal gravedad. “Cuando un gobernador, un senador, un alcalde y otros diversos ‘servidores públicos’ son señalados de haber protegido operaciones de la delincuencia organizada, ocultado información y permitido el tránsito de narcóticos, la respuesta institucional no puede reducirse a decir que “es un ataque político”. Y lo verdaderamente humillante es ver al gobierno federal, a legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Gerardo Fernández Noroña, convertir la soberanía nacional en ‘escudo de impunidad’… 

LA PRESIDENTA, Claudia Sheinbaum Pardo, dice que no encubrirá a nadie, pero al mismo tiempo exige “pruebas claras” y afirma que, sin ellas, el caso tendría propósito político. Esa postura, en apariencia prudente, se vuelve peligrosa cuando se constituye como escudo de un aliado, por encima de que las instituciones cumplan con su labor. La licencia de Rubén Rocha Moya es un reconocimiento presunto y político de que el asunto rebasó toda normalidad. Si las acusaciones fueran una falsedad, el gobernador habría permanecido en el cargo y habría exigido una investigación más abierta o que le permitieran defenderse adecuadamente. Al separarse, acepta que el problema es demasiado grande. Y ese peso no solo cae sobre él, sino que cae sobre la clase política que lo protegió, lo defendió y lo presentó durante años como parte de una “transformación” que ha sido, más bien, una cuna de complicidades… 

LAMENTABLEMENTE, México, sus autoridades, la mayoría, se regodean en un trochil de corrupción e impunidad, lo de Rocha Moya y cómplices no es un caso aislado. También está la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por una red de huachicol fiscal, lo que muestra otra cara del mismo cáncer, es decir, del vínculo entre el poder político y la delincuencia organizada. Cuando un alto mando naval mexicano termina capturado fuera del país, con cooperación de autoridades extranjeras, por presuntamente participar en una estructura criminal dedicada al negocio del contrabando de hidrocarburos, queda claro que ya no hablamos de policías municipales corruptos ni de unas cuantas “manzanas podridas”. México llegó al extremo de necesitar que autoridades estadounidenses y gobiernos de otros países hagan lo que nuestras autoridades debieron hacer primero, investigar sin miedo y sin complicidad… 

POR SUPUESTO que nadie sensato celebra la intervención extranjera. Es doloroso, incluso humillante, que la justicia tenga que llegar de fuera. Pero más humillante es que la delincuencia organizada se haga de territorios completos, de instituciones y de voluntades mientras el discurso oficial repite que todo es “politiquería”. El problema no es Estados Unidos. El problema es que México dejó vacíos que otros ocuparon. El problema es que los cárteles entendieron que no solo necesitaban armas, sicarios y laboratorios; necesitan al poder político. Y cuando la delincuencia organizada compra silencio, compra también vidas, territorios y futuro… 

Sinaloa y México merecen paz 

POR TODO lo anterior, el debate no puede reducirse a Morena contra PRI, PAN o PRD; el centro de la discusión en todo caso debe ser el pueblo de Sinaloa, los mexicanos todos, que merecen seguridad, merecen paz. No se trata de regresar al pasado ni de idealizar a otros partidos; se trata de entender que quien prometió “transformar” al país, no puede dar protección a delincuentes cuando aparecen señalamientos de esta magnitud. La corrupción de antes no justifica la corrupción de hoy; la impunidad previa no puede ser pretexto para una impunidad nueva con distinto color… 

AL RESPECTO, Coello Trejo opina: “A los mexicanos nos toca abrir los ojos. La respuesta no es más política, la respuesta está en no premiar a quienes asesinan a nuestra patria mientras piden aplausos. No permitamos que nos convenzan de que exigir justicia es traición a la patria. Traición a la patria es permitir que la delincuencia organizada y la corrupción gobiernen desde dentro. El estado de Sinaloa merece paz. México merece un rumbo limpio. Y si la justicia mexicana quiere recuperar dignidad, debe demostrar que puede investigar a los poderosos sin esperar la llamada de Washington o de otra capital; porque un país que solo investiga cuando lo presionan desde fuera no es soberano, es rehén de sus propias complicidades” … 

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Denuncia formal 

EN TANTO la presidenta Sheinbaum deshoja la margarita para decidir qué es lo que va a hacer en el caso, o recibe línea del tlatoani, aunque ella dice que se manda sola (le pido respetuosamente a mis lectores que no se rían), la organización Defensorxs presentó una denuncia ante la Fiscalía General de laRepública (FGR) en contra de 55 políticos de Sinaloa incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y el exgobernador Quirino Ordaz, por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Además, señalan a 17 exalcaldes y los diputados locales y federales que resultaron electos en 2021 por delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, secuestro y delitos electorales… 

COMO ES ya del conocimiento público, diversas fuentes y actores de la oposición y ciudadanos sinaloenses, han dado testimonio de que en esa elección Rocha Moya accedió a la gubernatura del estado no por méritos propios, sino porque los narcos actuaron a su favor. Desde la víspera y durante las votaciones sembraron un ambiente de terror, secuestraron a candidatos opositores, a familiares de esos, a representantes de casillas y fueron a amenazar personalmente a sus casas a otros para que no se presentaran el día de la votación, además de que durante la jornada electoral “patrullaron” calles y caminos, además de que vigilaron muy de cerca las casillas inhibiendo la votación en contra de quién sería luego el gobernador que les cumpliría todas sus peticiones, el narco gobernador Rocha Moya… 

MIGUEL Alfonso Meza dijo que Estados Unidos acusó a 10 narco políticos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Insunza, el secretario de Administración y Finanzas del estado (Enrique Díaz Vega), funcionarios de la Fiscalía y de Seguridad Pública Estatal y de varios municipios, así como contra otras 45 personas que también formaron parte de esta narcoelección y que se vieron beneficiadas de la operación de Los Chapitos en la elección de 2021 en Sinaloa. Entre los denunciados se encuentran también Dámaso Castro Savedra, vicefiscal general de la Fiscalía Estatal; Ricardo Velarde Cárdenas alias ‘El Pity’, exsecretario deEconomía de Sinaloa y en cuyo restaurante desapareció el joven Carlos Emilio Galván el 5 de octubre de 2025; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendevil, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez… 

MEZA dijo que buscan que la organización sea reconocida comovíctima con el fin de que la investigación no se lleve a oscuras, porque la sociedad es “víctima de los narcopactos que han celebrado todos los partidos con diferentes organizaciones criminales”. Agregó que también buscan que la Fiscalía atraiga todas las posibles denuncias que se hayan presentado durante el proceso electoral del 2021 para que se conozcan en su integridad todas las posibles conductas delictivas; y que habilitaron un sitiopara que la ciudadanía de Sinaloa presente denuncias y pruebas de las conductas delictivas cometidas en 2021… (GFA).-