ENTRE LOS pueblos del mundo, tan importante como ser libres es el derecho inalienable de saber que tienen los ciudadanos, de conocer en que se gastan sus impuestos, sobre todo como en nuestro país, en donde escasean y de plano se niegan recursos para medicamentos para los niños con cáncer y en cambio la chequera de la Secretaría de Hacienda siempre está abierta para las obras faraónicas del presidente y en el colmo pretende violar las normas constitucionales que lo obligan a informar, para que la opacidad permanezca sobre ellas y no salgan a la luz las enormes corruptelas que con justa razón se presume que se cometen entre los militares con su disfraz de constructores y sus amigos, socios o cómplices de Palacio Nacional…

MAAT a través de esta columna, ha tratado en diversas ocasiones el tema, pero en esta ocasión da paso a un extraordinario artículo que en síntesis engloba gran parte de nuestros comentarios y que los hace un especialista en Derecho Constitucional, el insigne maestro Ignacio Morales Lechuga, quien además es abogado, político, y diplomático mexicano, se desempeñó como procurador general de la República y embajador de México en Francia y fue rector de la Escuela Libre de Derecho en donde sigue impartiendo cátedra, fue maestro del Tec de Monterrey, es escrito y escribe para El Universal. En nuestra opinión no tiene pero como para tomarlo como referencia con toda seriedad…

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*Su artículo y nuestros comentarios

HABIENDO PUESTO las cosas en contexto, a continuación transcribimos entrecomillado el excelso articulo del maestro Morales Lechuga y de vez en vez, muy de vez en vez, haremos algunos comentarios:

“Seguridad Nacional a conveniencia”

Ignacio Morales Lechuga

“El ataque presidencial contra ministros y jueces no va a parar. Cualquiera que sea el panorama inmediato es claro que su impulsor seguirá sembrando de aquí a 2024 la necesidad de hacer reformas que le permitan nulificar la Constitución y controlar al Poder Judicial, único contrapeso activo para un ejecutivo autárquico y avasallador. La resolución de la SCJN pone “media estocada” al manejo discrecional de las obras favoritas del gobierno, cobijadas bajo la divisa de “seguridad nacional”, y lo obliga a cumplir con el deber de transparentar la información de cuanta obra emprenda”.

“Ante estas artimañas, los ciudadanos nos preguntamos qué se puede hacer para obligar a cumplir la Constitución a quien hoy la atropella. El artículo 105 constitucional establece las consecuencias que debe enfrentar un servidor público si incurre en desacato injustificado de una resolución de la Corte: Separación del cargo”. -Nuestro comentario: Si la Constitución nos muestra el camino, mi pregunta es, ¿quién lo encabezará?, la propia Carta Magna lo indica…

SEGUIMOS CON el artículo: “El embate presidencial contra los ministros que anularon el decreto de 2021 exhibía ya un acto extremo y desesperado por mantener en secreto los contratos, concesiones y gastos en obras emblemáticas del régimen. 40 minutos después se dio a conocer el segundo acuerdo que reiteraba la voluntad de ocultar la mecánica de favoritismos en la planeación y ejecución de obras públicas. La seguridad nacional es la maraca que acompaña la tonada que el gobierno entona, lo mismo ocurre en la compra de medicinas, vacunas, operación de puertos y aduanas y obras de infraestructura turística. El decreto de 2021 y su réplica posterior, además de inconstitucionales, son propios de una dictadura y contrarios a la obligación de rendir cuentas sobre el gasto público que caracteriza a las sociedades abiertas y democráticas”.

“Es un derecho inalienable de los gobernados conocer cómo y en qué se gastan los impuestos, derecho doblemente vapuleado por los decretos difundidos entre insultos y actos de linchamiento público contra ministros y jueces que defienden el derecho a saber; como ocurrió en el Zócalo, donde la conducta fascistoide del gobernador de Veracruz provocó agresiones y amenazas a ministros y reporteros en la manifestación del sábado pasado. ¿Qué podemos esperar? Existen diversos actores políticos que, facultados por la Constitución, podrían combatir este nuevo decreto, entre ellos el Poder Legislativo, la CNDH y por supuesto el INAI, cuyo pleno se encuentra incompleto, pero con posibilidad de gestión y defensa de los intereses ciudadanos, aunque sustenta su inacción repartiendo culpas y olvidando las prerrogativas constitucionales de las cuales goza. Otra posibilidad es que se denuncie ante la FGR la reiterada conducta presidencial violatoria de la Constitución y se inicie un juicio político en su contra para retirarle el fuero que demagógicamente dice no poseer, y someterlo a un juicio por desacato”.

“Esta opción requiere la mayoría del Congreso, con la Cámara de Diputados como acusadora y la de Senadores como juzgadora. Podemos anticipar que con ella habría solamente un nuevo circo mediático que fortalecería al propio presidente bajo el aplauso de corifeos e incondicionales, que lo alabarían por “someterse democráticamente a un juicio de procedencia” del que obviamente saldría exonerado”. INTERRUMPIMOS de nuevo, aunque ya el autor dio la respuesta, pero solo para reafirmarla, pretender un juicio político contra el Mesías en las actuales circunstancias sería hacerle al Tío Lelo pues todos sabemos que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores están plagadas de esbirros, borregos y pseudo legisladores que por tres dineros sin dignidad alguna sirven a Palacio Nacional y poco o nada les importa el pueblo, de manera que no solo lo exonerarían sino que lo fortalecerían. Ante ello, Morales lechuga propone:…

“La tercera opción es que el sucesor del presidente en el próximo gobierno destape la caja de Pandora que oculta los manejos gubernamentales y veamos en el futuro un desfile de funcionarios hoy ultra poderosos y de empresarios consentidos del actual régimen (y uno que otro familiar) bajo investigación judicial. Tal vez esta es la fórmula más realista, considerando las circunstancias actuales, con partidos de oposición ensimismados en el cálculo de posibilidades de sobrevivir con simples argucias aritméticas, evadiendo una contienda basada en proyectos, propuestas y nuevas ideas ante un electorado que sigue sin ver liderazgos capaces de enfrentar en las urnas de 2024 a quien resulte señalado(a) por el dedo”. Hasta ahí el artículo de Ignacio Morales Lechuga…

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*A la cárcel

COINCIDIMOS plenamente con el pensamiento del exprocurador, exdirector y actual catedrático de la Escuela Libre de Derecho, escritor, especialista en Derecho Constitucional y articulista de El Universal, Ignacio Morales Lechuga, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará agrediendo, insultando y criticando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a Norma Piña, con las más descaradas mentiras y seguirá violando la Constitución a sabiendas de que le enderezarán la plana, consciente de que en el resto de su gestión tiene un escudo con su mayoría en el Congreso, de manera que será hasta después del 24, cuando las cámaras tengan otra conformación y haya otro presidente, que México tendrá un panorama distinto si gana la oposición y entonces tanto él como sus ahora principales aliados en el gabinete y el Congreso enfrentarán líos judiciales…

LA ESPERANZA en cuestión sin embargo, depende de que la oposición se movilice de manera muy diferente a como lo está haciendo ahora. El imberbe de Marko Cortés ahora ha salido con la tontería de que el PAN apoyará al aspirante que junte un millón de firmas, como si las elecciones fueran hasta el 2026, una verdadera estupidez que seguramente en MORENA los hizo soltar tremenda carcajada. Y yo que soy de la idea que al menos 10 de la 4T enfrenten juicios penales al término del sexenio. ¿Escoja quiénes? querido lector… (GFA).-