A PARTIR de que hace casi una semana el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), determinó que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, la presidenta y sus marionetas han tratado inútilmente de negarlo todo y lo único que han logrado una vez más es hacer el ridículo y quedar ante los mexicanos como mentirosos y protectores de los delincuentes y funcionarios corruptos responsables de las desapariciones…

ENFRENTE, con valentía y honor, expertos, investigadores, políticos de oposición, columnistas y periodistas de prestigio por el contrario han expuesto su fundada oposición de que México se debe abrir y cooperar con la Organización de las Naciones Unidas para que se investigue y se llegue a fondo en este asunto de las miles y miles de desapariciones, que es una verdad innegable y que como una herida sangrante lastima a muchos de nuestros connacionales. No por lástima, sino por obligación, por deber, la presidencia de la república debe cooperar con la ONU en lugar de adoptar su posición negativa automática y casi de oficio…

DECÍAMOS que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a partir de que el comité de Desapariciones Forzadas encontró que en México se cometen crímenes de lesa humanidad, le pidió que remitiera el resultado a la Asamblea General para la toma de una decisión urgente. Apenas fue enterado, el gobierno mexicano respondió con un rechazo categórico al informe. Y luego vino la retahíla de los morenistas que solo sin criterio propio, que solo repiten lo que se les ordena, algo así como el juego aquel de que “el que hace la mano hace la trás” …

“QUE ESO ocurría cuando Felipe Calderón y Peña Nieto, pero no ahora, que barbaridad”, “que es falso de toda falsedad”, “que en México se respetan las leyes”, “que no hay tantos desaparecidos, que algunas que así la declaran sus familias se fueron con sus novios”, “que otros se fueron a EUA y cualquier día regresan”, “que exageran”, “que técnica y jurídicamente no encajan en el término: desapariciones”. Estimado lector, póngale usted la frase que quiera a Nacho Mier, Gerardo Fernández Noroña, Rosa Icela Rodríguez y hasta increíblemente, Rosario Piedra Ibarra, la tristemente celebre presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo cual ya están exigiendo su renuncia…

LA DECISIÓN del CED se publicó en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y se sustenta en información recopilada de 2012 a la fecha, incluyendo una visita de investigación al país en 2021, estudio de solicitudes de acción urgente de víctimas y reportes de organizaciones de la sociedad civil, así como la respuesta del propio gobierno mexicano entregada en septiembre de 2025…

PARA llegar a esa calificación, el CED evaluó que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y en diferentes partes del país; el organismo aclaró, sin embargo, que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión. El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, explicó el razonamiento jurídico: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil.” …

AGREGÓ que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no permite aún determinar con precisión cuántos de sus casos corresponden estrictamente a desapariciones forzadas. Aun así, la magnitud de los registros refleja la gravedad de la situación. El organismo citó el hallazgo continuo de fosas clandestinas: más de 4,500 han sido localizadas, con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de alrededor de 72,000 restos sin identificar. Por ello, y a pesar de las medidas implementadas desde la visita del Comité en 2021, el organismo concluyó que la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen desbordadas por la dimensión de la crisis…

ANTE tales circunstancias, el comité solicitó que la Asamblea General considere medidas concretas: cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para búsquedas, análisis forense e investigación de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado en México. También pidió la creación de un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a familias y defensores que buscan a los desaparecidos. El procedimiento, subrayó el CED, tiene carácter preventivo y no busca establecer responsabilidad penal individual…

+++++

Lamentan postura del gobierno

EXPERTOS advierten que el rechazo de México a la resolución del organismo obstaculiza el acceso a la verdad y justicia para las víctimas de una “crisis estructural marcada por la impunidad”. Especialistas en derechos humanos consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país. Señalan que la respuesta defensiva del Estado mexicano frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y la justicia, y abre paso a la impunidad para erradicar este delito y evitar que se reproduzca en el futuro…

MÉXICO, dicen, debe aceptar la cooperación internacional, establecer mecanismos de búsqueda y reparación del daño, y no rechazar el informe del CED…

SANTIAGO Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, advierte que —después de una evaluación muy serena y concienzuda— el organismo concluye que la situación no mejora y que se siguen dando demasiadas desapariciones. Afirma que “no es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense. “Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala, al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al comité de la ONU…

“El problema de negar un problema es que no se adoptan las medidas para solucionarlo”, menciona. Se está desperdiciando una oportunidad de oro para obtener asistencia internacional, insiste. “El gobierno tiene que admitir que necesita ayuda internacional”, y destaca que el enfoque está en frenar las desapariciones y no en sancionar al país…

POR SU parte Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones. “Está señalando que la desaparición forzada en México es un problema mundial y está llamando a cooperar, a brindar asistencia técnica e incluso financiera” (…) “En este país está desaparecida una de cada mil personas” …

“Hay un alto rigor técnico con base en datos de las Naciones Unidas, de organizaciones y del propio Estado; descalificarlo no daña a esos actores, daña a las víctimas, afirma. “Es indispensable aceptar la cooperación internacional para identificar los más de 70 mil cuerpos sin identificar y localizar a las más de 132 mil personas desaparecidas”, indica, al advertir que hay menos de 4 mil carpetas de investigación en la materia y comenta que ahora la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes, y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas…

MICHAEL Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando. “El comité no está diciendo que exista una política deliberada como en la guerra sucia, pero sí que hay desapariciones generalizadas, y en algunos casos patrones sistemáticos”, explica, al citar el reclutamiento forzado de jóvenes en el estado de Jalisco…

“Cada vez que México se niega, refuerza la percepción de responsabilidad y debilita su credibilidad”. Considera que aceptar la asistencia internacional con supervisión es necesario. “Si no se reconoce la realidad, no habrá forma de recuperar el Estado de derecho ni la paz. La negativa oficial puede escalar el caso a instancias internacionales más severas”, subraya que si bien el Estado insiste en atribuir las desapariciones al crimen organizado, ello no lo exime de responsabilidad, ya que tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y desmantelar a esos grupos…

ANDREA Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural. “Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU. El artículo 34 es el máximo nivel de alerta ante una práctica sistemática o generalizada”. Advierte que la disputa del gobierno federal por el diagnóstico —que no es nuevo y ha sido sostenido por familias, organizaciones y la academia— retrasa la implementación de la asistencia técnica ofrecida por el organismo. También considera que la respuesta defensiva del Estado frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y a la justicia…

PARA Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con su rechazo, México se colocó entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos. “El gobierno de México ya dice que no acepta las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada; esto no implica que el caso no se lleve a la Asamblea General; se va a discutir ahí, como ya ha sucedido con otros países. Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos. Es muy grave porque México fue promotor de la creación del Consejo de Derechos Humanos y hoy vemos un cambio radical en su política exterior” …

ADALBERTO Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público. Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro…

+++++

Juicio político contra Piedra

LA DIPUTADA de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, solicitó la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, “por encubrir la grave e inaceptable crisis de desapariciones que enfrenta el país”. Además adelantó que presentará una solicitud de juicio político “por encubrimiento y negligencia”, por la postura emitida de la Comisión en contra del informe de la ONU, que señala que en México “se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil “…

BALLESTEROS señaló que dicha respuesta representa un “absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis”, ante la gravedad que representa la desaparición de más de 20 mil personas, entre 2023 y 2025… (GFA).-