“La procuración de justicia es una de las funciones públicas más delicadas, pues es la clara expresión del monopolio legítimo de la fuerza que define al Estado”

                                                        Max Weber

POR MÁS promesas que hizo antes y después de su toma de posesión, por más que se esforzó en tratar de convencer a propios y extraños, sobre todo a estos últimos, de que con ella sí se combatiría la corrupción, que no habría impunidad y no estaría al servicio del estado sino de la justicia, haber llegado al cargo con todo el camino planchado precisamente por el gobierno y ser miembro cercano de los presidentes cuatroteistas del anterior y el actual sexenio, pintan de falsas las palabras de Ernestina Godoy y crean en su entorno un oscuro ambiente de incertidumbre para los supuesto 9 años que estará al frente de la Fiscalía General de la República…

PREVIO A que el Senado la declara ganadora casi por mayoría absoluta en la terna de tres mujeres enviada por la presidenta, en su comparecencia Ernestina prometió: “En la FGR no habrá persecución política pero tampoco impunidad”, luego ante cuestionamientos de la oposición señaló: “La coordinación no implica subordinación” …

LA TODAVÍA encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que de ser electa como nueva fiscal general de la República, no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad. Reconoció que la procuración de justicia sigue siendo una deuda histórica con la sociedad y agregó que si bien nuestro país ha entrado en una nueva etapa en materia de procuración de justicia, la FGR tiene que estar a la altura de la realidad compleja por la que atraviesa México, por lo que se comprometió a combatir de manera coordinada y sin tregua, a la delincuencia organizada…

SOBRE SU cercanía con la presidenta Sheinbaum, Godoy Ramos respondió: “La coordinación no implica subordinación” (…) “Estoy convencida de que la justicia no puede esperar. México se encuentra en una encrucijada histórica y tenemos la oportunidad de consolidar una fiscalía fuerte, moderna y estratégica. Como abogada de la nación en materia de justicia, de acuerdo a las atribuciones que la Constitución confiere, aplicaré toda mi experiencia para defender los intereses de la nación con investigaciones sólidas, abatiendo la impunidad, fortaleciendo la institución, mejorando la atención a víctimas”.

“Esa ruta es la que propongo, mi compromiso claro, investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación real entre instituciones con autonomía, atención digna e integral a las víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas”. – De buenas intenciones están llenos los panteones…

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Ni independiente ni autónoma

SIN EMBARGO, hay que escuchar a los otros. Y no nos referimos de manera alguna a los miembros de la oposición, pues ellos como los oficialistas, los morenos, petistas y verdes, carecen de credibilidad, hablan interesadamente, por conveniencia política y económica, ¡no!. Me refiero a personajes de prestigio, que opinan con conocimiento y que lo que dicen lo debemos escuchar y atender, tal es el caso por ejemplo de Lorenzo Córdova Vianello, que como presidente del Instituto Nacional electoral llevó al organismo a ser reconocido internacionalmente y a que en el país gozara de la confianza de la gran mayoría de los mexicanos…

LORENZO CÓRDOVA es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una voz autorizada. En un artículo que no tiene desperdicio y del cual les compartimos algunos párrafos el investigador nos da luz sobre el tema; nos recuerda primero que Max Weber decía que “La procuración de justicia es una de las funciones públicas más delicadas, pues es la clara expresión del monopolio legítimo de la fuerza que define al Estado” …

ENSEGUIDA nos comenta: “Dicha función implica la potestad de investigar y, en su caso, acusar y perseguir a los individuos que presuntamente han cometido un delito. Es decir, implica la posibilidad de desplegar todo el aparato del Estado para indagar y eventualmente imputarle a una persona una responsabilidad penal. Con el nacimiento de los Estados constitucionales, tanto la procuración como la impartición de justicia se independizaron del ejercicio del gobierno (antes, durante el absolutismo, ambas eran funciones que se ejercían bajo la potestad del rey) y pasaron a formar ramas con una creciente autonomía respecto de las instancias políticas. El propósito fue claro: evitar que la persecución de los delitos, que debería ser una función eminentemente técnica, fuera utilizada políticamente para perseguir a opositores o críticos del gobierno en turno”.

“En México, eso no ha ocurrido a lo largo de su historia. La procuración de justicia nunca ha sido realmente independiente de la política y siempre ha estado subordinada a los intereses del gobierno. En un primer momento, esa subordinación era incluso orgánica, pues, desde 1917, el mismo diseño constitucional establecía que el titular de la Procuraduría General de la República era designado y removido libremente por el presidente y, además —entre otras funciones—, fungía incluso como consejero jurídico del gobierno federal, estableciendo así una dependencia directa con el Poder Ejecutivo. En 1994, las funciones de consejería jurídica del gobierno se transfirieron a una oficina específica de la Presidencia y se estableció que el nombramiento del procurador por parte del titular del Ejecutivo debía contar con la ratificación del Senado, sin embargo, el hecho de que el presidente podía removerlo libremente implicaba que la dependencia política respecto del gobierno seguía estando vigente”.

AÑADE: “Entre muchos otros casos que pueden mencionarse, la prueba más palpable de cómo la persecución de los delitos siguió criterios políticos fue el desafuero de López Obrador en 2005. En realidad, el proceso de democratización en el país nunca alcanzó la procuración de justicia. Ni siquiera cuando, en 2014, la PGR fue sustituida por una Fiscalía General de la República concebida constitucionalmente como un órgano autónomo del gobierno. Entonces se estableció un nuevo método de designación de su titular, según el cual el Senado debe entregar al Ejecutivo un listado de diez candidatos, de entre ellos, la Presidencia debe formular una terna que le será devuelta al Senado para que este designe con una votación de dos terceras partes al titular de la Fiscalía, todo lo anterior dentro de una serie de plazos claramente establecidos por el artículo 102 de la Constitución”.

“En teoría, se pretendía que la autonomía constitucional, el proceso de cribas sucesivas y cruzadas entre el Senado y la Presidencia de la República, así como la mayoría calificada requerida para su designación, generaran una independencia real del órgano encargado de procurar justicia respecto de los intereses políticos del gobierno. Ello no ocurrió. La designación en 2018 de Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general no trajo la tan necesaria autonomía. A ello contribuyó tanto el mal diseño constitucional (pues se sigue previendo que la Presidencia pueda remover por causas graves al Fiscal, si bien con el aval de la mayoría de los miembros del Senado sin recurrir a un juicio político) como la conducta obsequiosa que Gertz mantuvo durante su gestión con el gobierno”.

EXPLICÓ: “Numerosos ejemplos documentan el uso político de la procuración de justicia en los años recientes. Entre ellos: el caso de los científicos que fueron injustamente judicializados, las carpetas de investigación abiertas contra consejeros electorales, la impunidad que desde la FGR se le garantizó a los altos funcionarios del morenismo acusados de corrupción y, finalmente, la escandalosa maniobra para hacer renunciar al fiscal (cuando este se volvió incómodo para el régimen) operada por la Presidencia y la mayoría oficialista en el Senado y su sustitución por Ernestina Godoy, quien era, ni más ni menos, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Así, o más claro?”. – Yo le creo a Córdova Vianello, ¿y Usted? … (GFA).-