EL MINISTRO Alberto Pérez Dayán será el encargado de presentar una propuesta para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valide o descarte la legalidad de la reforma al Poder Judicial que entró en vigor el 15 de septiembre. Es importante señalar que la controversia del artículo 11, misma que presentaron juzgadores federales para reclamar la invalidez de estos cambios a la ley y que fue aceptada por el Alto Tribunal el jueves pasado, no está reglamentada, por lo que no está claro el camino que pueda tomar el ministro Pérez Dayán para analizar este importantísimo caso…

LA REFORMA Judicial votada por los legisladores de MORENA, PT y Verde y publicada por el expresidente de la república, ordena la elección por voto popular de los juzgadores del país, incluidos los magistrados y los ministros de la Suprema Corte, en junio de 2025. Además se establece que en esa fecha los mexicanos irán a las urnas para escoger a la mitad de los mil 600 jueces y magistrados del país, así como los ministros, y los integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial…

EL PLENO de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido diversas solicitudes de consulta para analizar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), las consultas a trámite son para ver si es viable analizar de fondo la reforma; en tanto que los ministros desecharon, por ocho votos contra tres, otras tres consultas en las que se decía que la Corte “carece de facultades de otorgar medidas cautelares”. Este lunes 7 de octubre, el pleno de la SCJN trabajó para conocer seis consultas a trámite y tres fueron similares a la que aceptó el pasado jueves 3 de octubre, cuando la SCJN abrió un debate para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial, la decisión que se dio tras una votación por mayoría de ocho votos contra tres, admitió una de las impugnaciones de jueces y magistrados contra la citada reforma, para analizar si el alto tribunal puede revisar la enmienda constitucional…

EL LECTOR debe recordar que cuando la Corte decidió por 8 votos contra 3 revisar la reforma judicial, las hordas de la 4T se le fueron encima principalmente a Norma Piña la ministra presidente, y la jauría fue encabezada por Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, que aunque vestido ahora con trajes caros sigue siendo un barbaján, un porro ávido de sangre…

POR ELLO sorprendió la encantadora sonrisa y su trato casi de dama que recién le prodigó a la ministra Piña, a la que en nombre del Poder Legislativo y acompañado de Rosa Icela Rodríguez, la recién estrenada secretaria de Gobernación en representación del Poder Ejecutivo, le plantearon acordar un diálogo de transición para llevar la fiesta en paz mientras se resuelve todo. “Es un acuerdo de transición. Hay una interlocución del Gobierno federal, que encabeza la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), el compañero Adán Augusto (López, presidente de Junta de Coordinación Política) y un servidor. Estamos ayudando de parte del Legislativo”, dijo Noroña a medios…

ACLARÓ que este acuerdo se dio de forma previa Piña y él y después con los demás. “Hay comunicación, hay diálogo y un acuerdo de mantener diálogo, incluso en las condiciones más difíciles, ya esto me parece muy importante”. Sin embargo Fernández Noroña dijo que este diálogo no significa que las diferencias entre los tres poderes hayan quedado superadas. “No quiero generar una expectativa que no se cumpla…  El Poder Judicial puede coadyuvar o no en ese proceso… “la ruta de iniciar consultas para ver si se puede analizar la legalidad de la reforma al Poder Judicial obedece a razones políticas…

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Atropello a la República

SI ALGUNO de mis lectores tiene dudas sobre este tema, a continuación transcribo algunos apuntes de quien sí sabe, de quien ha ejercido la abogacía, que ha sido jurista y ha estado de los dos lados, en la procuración y aplicación de la justicia, no un improvisado que habla a lo tonto o que lo hace como tantos morenistas, petistas y verdes, solo porque se los ordenan aunque no conozcan la O por lo redondo…

ME REFIERO al maestro Ignacio Morales Lechuga, abogado, político, y diplomático mexicano, que se desempeñó como procurador general de la República y embajador de México en Francia, que fue rector de la Escuela Libre de Derecho y ahora es articulista de El Universal. Don Ignacio afirma: “Un régimen es democrático sólo si cuenta con instrumentos institucionales de contrapeso y autocorrección, no por el uso avasallador del poder”…

EN RELACIÓN a la decisión que tomó la Suprema Corte el jueves 3, expresa: “Contrario a lo que quieren hacer ver los legisladores de Morena y sus medios de comunicación aliados, lo único que la Corte está haciendo es proceder con una revisión de la reforma al poder judicial. Es un proceso de consulta previsto en la ley orgánica del Poder Judicial. No están actuando fuera de la ley ni están echando atrás la reforma judicial”.

“El 11 transitorio es curioso porque hay una prohibición al trabajo mismo de la Corte, es decir, que interprete. El único órgano capaz de interpretar, aplicar, corregir controlar la Constitución es el poder judicial, la Corte concretamente, el tribunal constitucional. Y eso es lo que quiere el 11 transitorio prohibirle, obligarlo a interpretar literalmente. Pero como lo vimos, su famosa reforma choca con un texto vigente de la constitución. ¿Quién va a aplicar cómo se resuelve? Solamente la Corte, que es la única que puede hacerlo. Ni el poder legislativo ni el Ejecutivo pueden hacerlo, no está en sus facultades2.

PONE UN ejemplo, de un error garrafal (el calificativo es nuestro) cometido por los ignorantes legisladores al servicio total del expresidente. “En el artículo 97 se señala que el presidente de la Corte será electo por sus pares cada 4 años y en el 94 dice que la Corte será electa por elección popular y el que obtenga la mayoría será el presidente y se irán rotando cada 2 años. Ante esta contradicción clara que existe, cuando llegue el momento ¿cuál de los dos artículos se aplicará literalmente? No se podrá interpretar literalmente porque ambos artículos son excluyentes, no puede ser más que una la solución”.

“Y hay algo aún más de fondo. Toda lectura implica ya una interpretación. En todo acto de juzgar hay en sí mismo una interpretación, irremediablemente, es la naturaleza de la comunicación, todo documento en su lectura es una interpretación. Desde ahí mismo ya hay un problema, porque toda interpretación, por más que la quieran acotar con la literalidad, sigue siendo una interpretación subjetiva. ¿Quién va a juzgar que la interpretación sea literal o no Si esa es justamente la facultad de la Corte y de nadie más?2.

ADVIERTE: “Y no solamente eso, ellos (el gobierno y sus legisladores) están en el punto en que lo que apruebe la mayoría, sea lo que sea, es lo que debe hacerse. Vale la pena preguntarse ¿qué debería pasar si la mayoría aprobara una dictadura?, ¿o la exclusión de ciertos segmentos de la población como los discapaces?, ¿o si se aprobaran regresiones o dimisiones del pacto federal?, ¿o bien en una sola fracción que la propiedad pasa a ser parte del Estado al 100%? y ¿que éste la puede concesionar?, como en su momento lo propuso un grupo radical de Morena ¿Eso sería válido? ¿Sería válida la desaparición del poder judicial o el poder legislativo? Hay normas que son completamente contrarias a un sistema republicano, que es lo que algunas personas llaman clausulas pétreas o contra natura, y no porque lo apruebe una mayoría que en ese momento es constituyente permanente, no por eso van a ser interpretables, eso sería absurdo”.

EN TONO doctoral, que por su experiencia, sapiencia y calidad moral le corresponden, Morales Lechuga añade: “Aquellas reformas que atenten contra la propia naturaleza que le da sustento al poder legislativo no deberían llevarse a cabo. Si es la República y el Federalismo lo que le da sustento, hacer reformas que atenten contra ellos (República y pacto federal) no deberían siquiera proceder. No se está desapareciendo el Poder Judicial, se pone en riesgo con el sistema que se adoptó, aunque si bien no implica su desaparición”.

(…) “El poder judicial para ser uno de los tres poderes de la nación requiere independencia, y si esa independencia se ve mermada, ¿qué tanto es un Poder o se convertiría más bien en una parte más de la administración pública? Como ha ocurrido con el poder legislativo”. No sabemos si con toda intención lo puso en minúsculas el maestro Morales Lechuga, pero nosotros así lo transcribimos porque el poder legislativo ha dejado de serlo, hoy y desde el anterior sexenio es un apéndice del Ejecutivo, nada más…

ALERTÓ: “La Corte en este proceso de revisión está recibiendo los ataques más furiosos del poder legislativo, surgen las voces de que hay que llevarlos a juicio político, mismo que corre a cargo del poder legislativo donde tienen ellos absoluto control. ¿Por qué irían a juicio político? ¿Por aplicar la ley? ¿Quién aplique la ley debe ser sujeto a un juicio? La Corte está aplicando su ley orgánica, ya quisiera el Poder Ejecutivo demostrar o presumir que ha gobernado con la ley en la mano, cuando es uno de los principales violadores por omisión o  acción de la ley y de la Constitución. Es ilógico que quieran llevar a juicio político a quienes cumplen con la ley, es una pésima señal”. No me vengan a mi conque la leyes la ley, decía aquel…

“El líder de Morena en el Senado –Fernández Noroña– confesó recientemente que la reforma judicial fue elaborada 100% como una venganza del Poder Ejecutivo y hasta le dio el calificativo de “genial venganza”. Entonces, no fue como tanto dijeron, no fue por una petición del pueblo, ni por un mejoramiento, tampoco por combatir la corrupción, todo fue sólo venganza. Utilizar un país y la justicia para obtener venganza en momentos en los que urge el buen funcionamiento de la seguridad pública y la justicia es criminal; eso sí es abandonar a su suerte a la población que día a día sufre balaceras y matanzas, mientras que se lavan las manos diciendo que es problema de grupos antagonistas del crimen organizado. En todos lados están ocurriendo estas manifestaciones de violencia a ciencia y paciencia de quienes deben poner orden en este país, un país carente de Estado de Derecho y que ahora quiere inutilizar al Poder Judicial, de por sí disminuido”.

“La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 que salió hace unos días mostró que en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos ¿Qué capital humano se requiere para hacer justicia en esos 31.3 millones de delitos? ¿Cuántos policías, ministerios públicos y jueces son necesarios? En un país con 98% de impunidad ¿Qué capacidades y características debió tener el sistema de justicia para impartir justicia? ESAS SON LAS RESPUESTAS QUE DEBIÓ RESOLVER LA REFORMA JUDICIAL, NO CÓMO DEBERÍAN SER ELECTOS LOS JUECES”. Y para mi tiene razón… (GFA).-