A PARTIR de antier 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por instrucciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la dependencia, en la Fiscalía General de la República se inició un cese masivo de personal que de momento involucra a casi mil padres de familia entre peritos, policías ministeriales de la agencia de Investigación Criminal y empleados de oficina, pero pudieran ser muchos más. A todos ellos, sin reparar en su hoja de servicios, sin justificación alguna, sin haber cometido falta que amerite su baja, les obligan a firmar su renuncia “voluntaria” a partir del primero de enero del 2022; obviamente han comenzado a presentarse los primeros amparos ante la grave injusticia y pronto será una verdadera cascada de promociones en busca de protección de la justicia federal ante esta nueva travesura del fiscal, ahora contra su propio personal…

EN EFECTO, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una baja indiscriminada de personal y comenzando con la notificación de ceses a peritos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de agentes del Ministerio Público, presuntamente como parte de la restructuración de la institución ministerial. Cientos de funcionarios fueron notificados que si quieren continuar laborando deben aceptar nuevas condiciones de empleo, entre ellas disminución de salarios y contratos trimestrales…

DE ACUERDO con la información obtenida, desde el sector central de la FGR se puso en marcha una “restructuración institucional encaminada a adelgazar la estructura y eficientar la operatividad de todas las áreas, y para ello harán pruebas de idoneidad para cada puesto y personal contratado, además de la realización de cursos de capacitación que se han impartido desde hace al menos un año, y que definirán si cumplen con las necesidades institucionales”. La FGR informa que se adecuarán los perfiles de contratación para disminuir el número de servidores públicos sindicalizados, ya que se buscará que todo el personal sea de confianza. En los oficios enviados a las distintas áreas y funcionarios, se les menciona que sus plazas serán suprimidas “por razones presupuestales, dado el nuevo modelo al que se transita y a efecto de conformar la nueva estructura de la Fiscalía General de la República y fortalecer las actividades sustantivas que le fueron encomendadas…

“POR TAL MOTIVO y por medio del presente le informo que se da por terminada su relación administrativa con la hoy Fiscalía General de la República, con efectos legales a partir del 01 de enero de 2022 conforme al criterio sostenido por los tribunales Colegiados del Primer Circuito que forman parte del Poder Judicial de la Federación”, refieren los escritos enviados al personal que forma parte de la Agencia de Investigación Criminal y que se ha estado dando de baja en los tres últimos días. A los agentes afectados se les informa que de “manera inmediata realicen la entrega de los asuntos que tengan a su cargo, así como el arma y los recursos materiales, financieros y tecnológicos, que en su caso, se les hayan asignado con motivo de sus funciones, al área administrativa que se los requieran”…

ENTRE LOS despedidos hay policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público, cuya mayoría forma parte de la Agencia de Investigación Criminal que por su formación, capacitación y labores diarias tienen contacto cotidiano con agentes del Ministerio Público, peritos y policías de diversas delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) y con abogados litigantes en general, quienes han comenzado a asesorarlos y les han aconsejado que se amparen ante la injusticia. Según los oficios recibidos por algunos de los afectados, la razón de los ceses es que las plazas serán “suprimidas” por “razones presupuestales” y ante el nuevo modelo al que se transita y para conformar la nueva estructura de la FGR. Es decir, que a partir del sábado la plaza que ocupan dejará de existir, por lo que se quedarán sin empleo…

ANTE TAL ESCENARIO, y dado que no hay alternativa y la baja será inmediato este día primero de enero, pasado mañana; sin oportunidad alguna de defensa o de negociación alguna, sin opción de ser escuchado y vencido en un procedimiento administrativo, o cuando menos de saber por qué se les escogió a ellos entre los cesados, varios agentes ya contrataron abogado para promover amparo. Que se sepa son ya cinco los que solicitaron la protección de la justicia federal pero se espera que en los siguientes días sedan muchos más…

EN LOS PRÓXIMOS días un juzgado de distrito deberá pronunciarse sobre si mantienen su empleo hasta el momento en el que la justicia aborde el fondo del asunto. “Es una decisión totalmente ilegal. La única forma de concluir el servicio es la muerte, separación de cargo o renuncia. No hay ninguno de estos supuestos”, dijo Reyna Velasco, abogada que representa a algunos de los agentes afectados. Oficialmente no se ha hecho público el número de funcionarios que la institución que dirige Alejandro Gertz Manero tiene intención de destituir. De momento se sabe que ha habido despidos en las oficinas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Michoacán, aunque podrían haberse registrado por toda la República. Según pudieron saber algunos afectados, se trataría de un plan progresivo que, en un primer momento, afectaría a unos 250 elementos, pero que llegaría hasta cerca del millar…

LOS OFICIALES despedidos serían, en su mayoría, policías ministeriales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aunque también habría peritos y agentes del Ministerio Público, según explicó Iván Chávez, abogado de la Asociación Civil Ciudadanos Uniformados AC y que representa a varios de los funcionarios despedidos. La AIC tiene aproximadamente 1 mil 500 elementos, por lo que los despidos, si se completan, supondría desmantelar casi por completo la dependencia. “Hay un plan para militarizar la seguridad pública”, dijo Chávez. Él, directamente, tuvo conocimiento de cerca de 80 despidos aunque asegura que existe un listado con más de 900 nombres…

LOS DESPIDOS comenzaron el pasado 28 de diciembre, cuando los oficiales fueron citados en sus oficinas. Algunos denunciaron que les dieron diversos motivos falsos para la reunión: un operativo o un cambio de destino. Cuando llegaron al lugar, sus superiores les notificaron que estaban despedidos y les ofrecieron una indemnización que debían aceptar en el momento. La cantidad ofertada es variable y oscila desde el medio millón para un agente con más de 20 años de servicio hasta los 250 mil pesos que recibiría un funcionario con diez años de antigüedad. Es decir, que la FGR alega que no tiene fondos, pero está dispuesta a abonar fuertes indemnizaciones para hacer efectivos los despidos…

DESPEDIR A decenas y centenas de policías ministeriales federales nomás porque sí, es una muy mala decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, al 30 de noviembre del presente año, forman parte de los más de 12 mil agentes de la Fiscalía General de la República que aprobaron su prueba de control de confianza, es decir, son buenos elementos, son de los policías en los que no solo el gobierno, sino el pueblo de México puede confiar, pero tal parece que eso a Gertz Manero, el que utiliza la Fiscalía para dirimir sus conflictos personales, para cumplir sus venganzas familiares y para autoprotegerse de su vida de corrupción, le vale puritita madre. El fiscal carnal de la 4T ordenó que sin fijarse en la hoja de servicios ni en méritos personales, los corrieran a todos…

EL COLMO sería que a todos ellos se les pretenda sustituir con militares… (GFA).-