Se prevén hasta doce años de prisión

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Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia al delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de ocho hasta doce años y de mil a dos mil días de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Lo anterior, fue propuesto por el grupo parlamentario de Morena, a través de una adición al Código Penal del estado de Durango, en voz de la diputada Marisol Carrillo Quiroga.

“Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia”, manifestó la legisladora.

La iniciativa presentada por los diputados de Morena, parte de la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado en el 2013, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este documento atiende las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Este protocolo tiene el propósito de materializar un método analítico que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa. Así como constituir un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas”, puntualizó Carrillo Quiroga.