En su primera sesión ordinaria, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

La legislación reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República, y ajustar las disposiciones en torno al juicio político y a la declaración de procedencia de la cámara baja.

En este sentido, el Diputado Federal por el Distrito 02 de Durango, Omar Castañeda González, señaló que el juicio político es el mecanismo para establecer la responsabilidad política por acciones u omisiones graves, que hayan cometido servidores públicos. Se trata de un procedimiento para delimitar responsabilidades políticas y sancionar a quienes, en ejercicio de sus funciones, hubieren incurrido en abuso de poder desde el punto de vista de la división de poderes.

Además, afirmó que la condenatoria que se prevé, tendrá como consecuencia la destitución de un funcionario público, y podrá imponerse la habilitación para el ejercicio de empleo de cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, que van desde los 10 a 30 años, dependiendo de la falta.

Cabe resaltar que importante actualizar el modelo de juicio político conforme al mandato constitucional.

Castañeda González, destacó que no sólo hay que cambiarle el nombre a la ley, sino que hay que reforzar el modelo de juicio político para que cumpla su objetivo.

“Ya es tiempo de que se ejerza un verdadero marco jurídico de legalidad. Ya no vamos a solapar la impunidad, la corrupción”, agregó.