Congreso aprueba reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública

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Con el objetivo de crear conciencia sobre el ahorro de papel, reducir su consumo para reciclar el papel que se consume en el sector público y el cuidado del medio ambiente, el Pleno del Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal del Estado de Durango.

En este sentido, se le otorga la facultad a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la entidad, para que, según la legislación, se introduzca un sistema para la recolección, almacenamiento y la recuperación del papel usado en todas las secretarías, la Fiscalía General del Estado, órganos desconcentrados, unidades administrativas de apoyo y demás dependencias.

Cabe señalar que, la iniciativa fue presentada por la coalición parlamentaria ‘Cuarta Transformación’, misma que fue analizada y dictaminada en la Comisión de Ecología de esta legislatura.

Es importante recordar, que el derecho ambiental, es un conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos, que, de manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad misma.

El dictamen aprobado, fortalece lo establecido por la Constitución Política de México, que establece que, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Asimismo, en el ordenamiento legal de Durango se determina que, las autoridades estatales y municipales desarrollarán planes y programas para la preservación y mejoramiento de los recursos naturales; asimismo, promoverán el uso de tecnologías limpias y de energías alternativas, tanto en el sector público como en el privado. Se declara de interés público y de prioridad para las autoridades del Estado la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados.